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Iniciativa Legislativa Popular

PROCEDIMIENTO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

CUAL ES EL PROCEDIMIENTO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

El art. 23 CE reconoce el derecho a participar directamente en el ámbito de los asuntos públicos. La iniciativa legislativa popular es un mecanismo de participación directa de la ciudadanía que contempla el artículo 87.3 de la Constitución Española. Las Cortes Generales aprobaron casi 6 años después de la entrada en vigor de la Constitución , Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, ley que, se reforma en 2006 Ley Orgánica 4/2006.

Los requisitos de la puesta en marcha de la iniciativa legislativa popular exige la constitución de una Comisión Promotora que presente un texto articulado de la proposición de ley precedido de una exposición de motivos, y la relación de los miembros que componen la Comisión Promotora de la iniciativa, con expresión de los datos personales de todos ellos (artículo 3 apartado 2 LORILP). Esta presentación de proposiciones de ley debe estar suscritas por al menos 500.000 electores (art. 87.3 CE y art. 3 apartado 1 LORILP) autenticadas en la forma que determina la ley.

La iniciativa legislativa popular que presente la Comisión Promotora debe ajustarse a las limitaciones que prevé el artículo 87.3 CE y el artículo 2 LORILP. Del precepto constitucional se desprende de manera expresa que son materias excluidas de la iniciativa legislativa popular:

  1. Las que, según la Constitución, son propias de leyes Orgánicas: Están excluidas de la iniciativa los derechos fundamentales y la libertades públicas, los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral y todas aquellas materias que la Constitución Española reserva a una Ley Orgánica (art.122 CE, art.165 CE, art. 54 CE), etc.
  2. Las de naturaleza tributaria: Esta exclusión esta fundamentada con el articulado de la Constitución Española, la cual atribuye al Gobierno la dirección política interior (art.97 CE), en la que se incluye, la política económica y encomienda expresamente al Parlamento el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público.(arts.31.3 y 133CE).
  3. Las de carácter internacional: Trata de una materia sensible a ser objeto de un uso o utilización demagógica por una determinada fracción del electorado, desconociendo, el conjunto de los intereses del Estado.
  4. Las referentes a la prerrogativa de gracia: El indulto es una atribución que viene recogida constitucionalmente como acto debido del Jefe de Estado [art.62.i)CE]. En la practica atribuye la protestad al Gobierno de la Nación Ley 1/1988, 14 de enero.
  5. Las mencionadas en los artículos 131 y 134.1 de la Constitución: Los Presupuestos Generales del Estado art. 134. 1 CE atribuye únicamente al Gobierno la iniciativa legislativa en relación a su elaboración. La dirección económica corresponde por mandato del artículo 97 CE al Gobierno de la Nación, por lo que, el artículo 131 de la misma otorga al ejecutivo la tareas de confeccionar los proyectos de planificación de la actividad económica general del Estado.
  6. Reforma Constitucional: El art. 166 es solo atribuye la reforma constitucional al Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Tal iniciativa la expresa los apartados 1 y 2 del artículo 87. Se tiene en consideración que el principio participativo esta asegurado a través de los referéndums de ratificación de la reforma constitucional que prevén los artículos 167 y 168 CE.

El inicio del procedimiento comienza con la Comisión Promotora de la iniciativa legislativa popular, presentando el documento articulado de la proposición de ley ante la mesa del Congreso de los diputados, a través de la Secretaria general, los plazos comenzaran a computar en el período de sesión parlamentaria art.4 LORILP.

La Mesa del Congreso iniciara la tramitación de la propuesta, analizara que la iniciativa legislativa popular cumple los requisitos formales exigidos y se reserva la inadmisión de la ILP por las causas que ampara el art. 5 en los apartados a) b) c) d) e) de la Ley Orgánica 4/2006. Una vez la Mesa proceda a resolver se notificara a la Comisión Promotora en un plazo de 15 días, la resolución procederá su publicación a efecto disponga el Reglamento del Congreso de los diputados.

En el caso de que la Mesa no admita la proposición de ley, la Comisión Promotora podrá interponer ante el Tribunal Constitucional recurso de amparo previsto en el Título III de la Ley Orgánica 2/1979, 3 de Octubre, del TC. Una vez resuelva el Tribunal Constitucional el procedimiento seguirá su curso o deberá modificar ciertos preceptos determinados de la proposición de la ley (art. 6 LORILP).

Una vez admitida la proposición, la Mesa de congreso lo comunicara a la Junta Electoral Central, esta última, se encargara de notificar a la Comisión Promotora la admisión de la proposición de ley art 7.2 LORILP y la garantizará en lo previsto art.7.1 LORILP.

La recogida de firmas es una tarea que compete a la Comisión Promotora y que debe iniciar una vez tenga conocimiento de la Junta Electoral Central la admisión de la proposición del ley. La propuesta de ley de origen popular requiere que vaya suscrita de 500.000 electores art. 3.1 LORILP amparada por la 87.3 CE. La orden del art.9 de esta norma, en los pliegos para la recogidas de firmas se deben incluir de cada uno de los firmantes los datos personales y el municipio en cuyas listas electorales se hallen inscrito.

Las firmas electrónicas, también contempladas en el art. 7 4 LORILP remitiéndose a tal respecto a la legislación correspondiente, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. La autenticación de la firmas se atribuyen a las personas de nuestro país que ostentan calificación de fedatarios públicos en cuyo censo electoral se encuentren inscritos los firmantes (art.9 LORILP). También el art. 10 LORILP contempla que la Comisión Promotora designe, entre ciudadanos españoles carentes de antecedentes penales, fedatarios especiales afectos de autentificar las firmas.

La Junta Electoral Central, deberá sellar y numerar los pliegos de firmas necesarios para iniciar el proceso de recogida y que le han sido presentado por la Comisión Promotora, Pliegos que contienen el texto integro de la iniciativa legislativa popular admitida a trámite respetando la lengua oficial y la lengua cooficial de la correspondiente Comunidad Autónoma arts. (7.1, 7.2 y 8 LORILP.)

El plazo de recogida de firma que se dispone es de 9 meses, prorrogable por tres meses más en caso de fuerza mayor, desde la notificación de la Junta Electoral Central de la admisión de la proposición de ley art 7.3 LORILP. Terminado el plazo , las firmas recogidas deben enviarse por la Comisión Promotora a la Juntas Provinciales, en su labor de apoyo o auxilio a la Junta Central (art.11 LORILP), la entrega fuera de plazo a las precitadas Juntas se consideraría caducada la iniciativa.

Las Juntas Electorales Provinciales, una vez realizada la comprobación y el recuento inicial, deberán remitir a la Junta Electoral Central los pliegos de las firmas para que proceda a su comprobación y recuento definitivo. Esta última deberá elevar a la Mesa del Congreso de los Diputados la certificación que acredita el numero de firmas válidas (art 12 LORILP).

Una vez recibida la notificación, la Mesa ordenara su publicación de la proposición y deberá ser incluida en el orden del día del pleno, en un plazo máximo de 6 meses a efectos de su toma de consideración (art.13.1 LORILP). La Comisión Promotora podrá asignar a una persona en defensa de la iniciativa, conforme a los que dispongan los Reglamentos de la Cámaras en la tramitación parlamentaria (art.13.2 LORILP).

Se garantiza una cuantía económica a satisfacer por le Gobierno recogido en el articulo 15 LORILP, para sufragar los gastos de aquellas iniciativas legislativas populares hayan accedido a la tramitación parlamentaria. La ley marca un plazo dentro del cual debe realizarse el pago con un tope máximo de 300.000 euros, siendo dicha cantidad revisable anualmente a la evolución que experimente el IPC.

José Luis Marín

FESIQ-CGT